El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 15 de Diciembre, la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Esta Estrategia da continuidad a la aprobada para el período 2014-2016, que supuso un cambio en la coordinación de las políticas activas de empleo que gestionan las Comunidades Autónomas.

Tras la reforma del marco de coordinación de las políticas activas en el año 2013, la distribución de los fondos a las Comunidades Autónomas por parte del Servicio Público de Empleo Estatal ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada Comunidad, hasta 2012, a vincularse plenamente al cumplimiento de objetivos, durante los últimos años.

Para ello se estableció que la Estrategia se configuraría como uno de los tres instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, junto con los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Desde entonces, la finalidad de la Estrategia es determinar cómo debe ser la política de activación del Sistema Nacional de Empleo de los próximos años, estableciendo unos principios generales, unos objetivos y un marco de planificación, ejecución, evaluación y financiación para las políticas activas del mercado de trabajo.

Evaluación de la Estrategia 2014-2016

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 ha permitido mejorar los indicadores de atención a los demandantes de empleo y de inserción en el mercado de trabajo, tal y como se desprende de los siguientes datos:

• El porcentaje de demandantes inscritos en los Servicios Públicos de Empleo que encontraron un empleo respecto del total demandantes pasó del 38,4 por 100 en 2013, al 48,29 por 100 en 2016.
• El porcentaje de jóvenes que recibieron atención y se incorporaron al mercado de trabajo se incrementó desde el 19,8 por 100 en 2015, al 22,6 por 100 en 2016.
• El porcentaje de demandantes de empleo que han recibido servicios de asesoramiento y de apoyo al emprendimiento, y que han iniciado una actividad por cuenta propia en los seis meses siguientes se ha duplicado, pasando del 5,6 por 100 (18.690) en 2014, a un 9,3 por 100 (21.895) en 2016.
• Un 44,5 por 100 de los demandantes que finalizaron en 2016 con apto una acción formativa, se encontraron un empleo dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción.
• La inserción de las personas perceptoras de prestaciones atendidas por los Servicios Públicos de Empleo se ha multiplicado por seis en cuatro años (su tasa de inserción ha pasado del 1,22 por 100 en 2013, al 7,26 por 100 en 2016). Solo en 2016, 343.223 personas perceptoras de prestaciones han vuelto al mercado de trabajo tras haber recibido un servicio en los seis meses previos a la colocación.

Los resultados de la Estrategia 2014-2016, unidos a la mejoría general de la evolución de la economía española, han permitido que desde su aprobación hasta la fecha, se haya incrementado en 2.098.600 el número de ocupados (388.500 menores de treinta años), se haya reducido en 2.201.600 el número de parados y la tasa de paro haya descendido en 9,55 puntos.

Nueva Estrategia 2017-2020

Con la aprobación de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo se da cumplimiento a uno de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, que apostó por su renovación para el período 2017-2020 de manera consensuada en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

En este sentido, se establecieron como prioridades modernizar los Servicios Públicos de Empleo; mejorar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, en especial en materia de Formación Dual, y favorecer la empleabilidad de los jóvenes, con la efectiva implantación de la Garantía Juvenil en España, y de otros colectivos vulnerables, como los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión.

La Estrategia que hoy se aprueba da un paso más allá respecto de la anterior y pone a disposición del Sistema Nacional de Empleo nuevas herramientas e infraestructuras, de modo que la utilización de instrumentos comunes, intercambio de experiencias y buenas prácticas sean los vectores para la modernización del sistema. Además, se incorporan las principales recomendaciones que la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo hizo a España en 2016 y homogeneiza los indicadores con los que esta evalúa.

En definitiva, se trata de coordinar los esfuerzos para mejorar su eficacia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación para el empleo.

Principios de actuación y objetivos

La Estrategia establece, para ello, diez principios de actuación y tres grupos de objetivos: por primera vez añade a los objetivos estratégicos y estructurales unos objetivos clave y establece como novedad la modificación de un calendario de implementación de los sucesivos Planes Anuales de Empleo, adelantando su elaboración al año anterior a su ejecución, para que las Comunidades Autónomas conozcan al comienzo de cada ejercicio en virtud de qué criterios y con qué ponderación se les evaluará en el ejercicio siguiente.

En este sentido, es importante señalar que este será el primer año en que se dé cumplimento a esta obligación, ya que el Plan Anual de Políticas de Empleo 2018 será presentando a las Comunidades Autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a celebrar en los próximos días, antes del comienzo del ejercicio en el que tendrá vigencia dicho Plan.

La nueva Estrategia da más importancia al seguimiento y establece un sistema de gestión del cambio y uno de incentivos, y una serie de acciones de evaluación, con los que vincula los resultados a la financiación. Asimismo, prevé la mejora gradual de los presupuestos de las políticas activas de empleo, superando los niveles de gasto por desempleado existentes en 2011.

Programas de orientación

Otra importante novedad es una batería de medidas que deberán ser objeto de planificación operativa posterior, entre las que destaca el refuerzo de los programas de orientación, formación, protección de desempleados de larga duración y mayores de cincuenta años, así como la implantación del perfilado estadístico o el refuerzo del portal único de empleo.

La Estrategia es fruto del proceso de trabajo, diálogo y consenso del Gobierno tanto con las Comunidades Autónomas como con los interlocutores sociales, ya que se ha trabajado, no solo en las Conferencias Sectoriales y en los Consejos Generales del Sistema Nacional de Empleo y en un Grupo de Trabajo habilitado para ello con las regiones, sino también en el marco de la Mesa de diálogo social del Plan de Choque por el Empleo.

EL GOBIERNO ULTIMA EL PLAN DE POLÍTICA DE EMPLEO PARA 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado también formalmente el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), para 2017 que recoge las políticas de activación para el empleo que han llevado a cabo, tanto las Comunidades Autónomas, como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales.

Tras un proceso de diálogo y negociación, marcado entre otros factores por la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 a finales de junio, el Plan para 2017 fue aprobado, finalmente, por unanimidad por todas las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 18 de septiembre de este año.

No obstante, como se ha señalado anteriormente, la Estrategia 2017-2020 establece como novedad la modificación del calendario de implementación de los sucesivos Planes Anuales de Empleo, adelantando su elaboración al año anterior a su ejecución, para que las Comunidades Autónomas conozcan al comienzo de cada ejercicio en virtud de qué criterios y con qué ponderación se les evaluará en el ejercicio siguiente. En los próximos días se presentará el texto a las Comunidades Autónomas.

El presupuesto total del Plan para 2017 ascendió a un total de 5.575 millones de euros, lo que supone un incremento de 310 millones de euros respecto a 2016. Esta cuantía incluye una dotación de 258 millones para la ejecución del Programa de Acción Conjunto para Mejora de Atención a las Personas Paradas de Larga Duración por parte de las Comunidades Autónomas.

En total, las Comunidades Autónomas recibieron 2.060 millones para su propia gestión y ejecución del PAPE, que fueron repartidos por acuerdo de Consejo de Ministros los pasados meses de mayo (1.893,3 millones) y octubre (166,8 millones restantes).

(ACTIVACION EMPLEO Y PLAN EMPLEO)

Fuente: Consejo de Ministros