El pasado 14 de Octubre la CNC y los sindicatos del sector de la construcción, Federación Estatal de la Construcción, Madera y Afines de CCOO (Fecoma-CCOO) y Metal, Construcción y Afines de UGT, Federación de Industria (MCA-UGT) presentaron en la sede del Consejo Económico y Social el Foro del Ciclo Integral de la Construcción. En esta presentación contó también con una amplia representación tanto de las asociaciones integradas en CEPCO, como de las asociadas en la CNC.

En este foro se presentó un primer documento, que se puede descargar haciendo click aquí, del cual CEPCO ha sido uno de sus principales redactores, con el fin de plantear diversas soluciones a la crisis del sector y conseguir reducir, a corto y medio plazo, las cifras de desempleo y generar riqueza para que la economía española pueda cumplir con los compromisos contraídos tanto con la Unión Europea como con nuestra sociedad.

Propuestas

Los agentes sociales del sector consideran que las actuaciones con efectos directos en la construcción han de centrarse en los siguientes aspectos:

• Potenciar una inversión pública selectiva y planificada, que constituye el arma más importante para potenciar el crecimiento, por su carácter anticíclico y su impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo.
• Profundizar en los mecanismos de la colaboración pública‐privada, elaborando pliegos concesionales y facilitando una legislación de captación de capitales y de contratación atractiva para los inversores.
• Resolver de forma definitiva el grave problema de morosidad de las Administraciones Públicas.
• Poner en marcha una política de infraestructuras integral y coordinada, que continúe reduciendo el diferencial con los países de la Eurozona y contemple un nuevo modelo de conservación y mantenimiento de las infraestructuras. En este sentido la inversión pública en esta materia no debe ser considerada como gasto y debería quedar fuera del cómputo del déficit. Por cada millón de euros invertidos, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000, bien como pago, por impuestos indirectos y directos o por aumento de recaudación de cotizaciones sociales.
• Apoyar decididamente a la internacionalización de las empresas, con especial atención a las pymes.
• Implantar una política de vivienda coordinada y ajustada a las necesidades que dé cumplimiento al derecho constitucional de acceso a la vivienda, centrándose en los siguientes objetivos:
  • Dar salida al stock de vivienda, tanto libre como protegida, priorizando la primera residencia.
  • Fomentar el alquiler, especialmente necesario para proporcionar vivienda a aquellas personas que no puedan acceder a la vivienda en propiedad.
  • Agilizar y simplificar las gestiones administrativas, tanto para la concesión y pago de subvenciones como para la calificación y adjudicación de viviendas.
  • Repartir de manera eficiente entre las Administraciones Públicas las competencias en materia de vivienda.
  • Igualar la normativa técnica para todo tipo de vivienda.
• Una política de rehabilitación integral que dé cumplimiento a la necesidad de poner en valor, tanto económico como social, el patrimonio urbano, se ajuste a los requerimientos legislativos y atienda a las demandas de determinados colectivos en especiales circunstancias. Para ello es preciso incidir en los siguientes aspectos:
  • Una Estrategia Nacional de Reforma y Rehabilitación.
  • Una sensibilización pública a través de una campaña de difusión sobre los beneficios de la rehabilitación.
  • Un modelo de financiación ágil y simplificada que contemple diferentes fórmulas y vías de ayuda.
  • Un modelo fiscal armonizado.
  • Un modelo técnico coordinado donde se incluya tanto la participación de los agentes sociales sectoriales en la definición de las normas aplicables ‐para garantizar mayor rigor y cumplimiento de los niveles prestacionales‐ como el cumplimiento riguroso del Código Técnico de la Edificación y de los requerimientos ligados a las subvenciones.
  • Una necesidad de coordinación con las Comunidades Autónomas y con las Corporaciones Locales, en este ámbito.  Una reactivación de las deducciones de IRPF por reforma de vivienda como medida de lucha contra la economía sumergida.
  • Una convergencia de la Inspección Técnica de Edificios, el informe de evaluación y la certificación energética de los edificios, en un solo documento y con carácter obligatorio
  • Adoptar como objetivos prioritarios los de la generación rápida y estable de empleo y el uso de productos y sistemas constructivos, todos ellos de calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, eficientes desde el punto de vista energético, procurando la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la accesibilidad de las personas.
  • Teniendo en cuenta el impacto en el empleo y su retorno fiscal se deben impulsar actuaciones en los edificios de titularidad pública, con el objetivo de fomentar estas actuaciones en la iniciativa privada.
• Es necesaria una mayor cohesión entre las políticas públicas de las Comunidades Autónomas en materia urbanística, de vivienda y de suelo, así como de sus instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento y de los sistemas de actuación o ejecución contenidos en su normativa respectiva.
• Por último instaurar un modelo institucionalizado de Diálogo Social Tripartito, con vocación de permanencia, integrado por el Gobierno y los firmantes de esta plataforma, que permita la definición, coordinación y seguimiento de las iniciativas a adoptar.

Fuente: CNC y elaboración propia