En plena tormenta de reformas del sector eléctrico por parte del Gobierno, los Proyectos de Ley, Reales Decretos con sus primeras y segundas derivadas, publicadas día sí y día no en el BOE, que ya hay quien pronostica que este país va a quedar como un solar, existe de vez en cuando alguna propuesta gubernativa que dejan ver un ligero claro de luz.

El pasado 20 de Septiembre el Congreso de los Diputados enviaba, para su tramitación, al Senado el Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Este Proyecto de Ley, tal y como ha llegado a la Cámara Alta, contempla la minoración de un 85% el impuesto de la energía eléctrica destinada a los siguientes usos: fabricación de cemento, cal, yeso, ladrillos, azulejos, sanitarios, piedra, abrasivos, aceros y ferroaleaciones; todo ello a través de la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Esta exención parcial del impuesto ha sido una de las históricas reclamaciones de casi todos los sectores integrados en CEPCO. Muchas veces han sido las que estos sectores se han dirigido a los diferentes ministerios y otras la que se han canalizado a través de la Comisión de Industria de la CEOE, en la que nuestra Confederación participa activamente. Fruto de este trabajo exhaustivo y, sobre todo de la absoluta convicción del reparto en los costes energéticos, ha sido que en el texto original, presentado por el Gobierno a finales del mes de Julio en el Congreso de los Diputados, del citado Proyecto de Ley sobre medidas en materia de fiscalidad medioambiental, no incluía dicha minoración.

Sin embargo, la moneda de la reforma eléctrica, tiene varias cruces, una es la cogeneración en nuestra industria que, a falta de desarrollar parte de la normativa de la reforma, está creando gran incertidumbre en el sector.

Sin ir más lejos, el pasado 13 de Julio, se publicó en el BOE el R.D. L 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y en el que alguna de nuestras asociaciones han mostrado su preocupación por las graves consecuencias del nuevo marco regulatorio sobre su actividad industrial, especialmente, en la cogeneración necesaria para la producción y la competitividad de las empresas.

Además de la propuesta de incremento de los peajes eléctricos, se deroga el régimen económico previsto para las instalaciones del régimen especial, incluyendo a la cogeneración, y elimina de forma inmediata las actuales bonificaciones como son la del complemento por eficiencia y por la energía reactiva. En ese sentido nuestra patronal azulejera, ASCER, ha valorado en 25 millones de euros la repercusión de la supresión de los incentivos arriba citados, con el consiguiente impacto en la competitividad en las empresas y en el empleo.

Para los fabricantes de ladrillos y tejas, encuadrados en HISPALYT, esta norma vulnera la mínima seguridad que exige una inversión, en este caso en instalaciones de eficiencia energética, instalaciones de cogeneración, al derogar el marco económico que estaba en vigor, y dando como solución provisional hasta la aprobación de un nuevo marco, una retribución “a cuenta” que tenía el marco derogado menos un 18%.

Las inversiones realizadas en sus fábricas, promovidas por el gobierno del partido popular (RD 2818/1998 y RD 436/2004) y posteriormente por el partido socialista (RD 661/2007), con el objeto de hacer un uso eficiente de la energía y consecuentemente disminuir la dependencia energética exterior, principal causante del alto coste energético, se quedan sin saber de la noche a la mañana cuánto van a cobrar por la energía eléctrica producida y si esta retribución será suficiente para cubrir los costes del combustible, mantenimiento, la cuota del préstamo, etc.

Por otra parte OFICEMEN, patronal cementera integrada en CEPCO, ha hecho llegar recientemente al Ministerio de Industria su preocupación por las consecuencias que puede acarrear esta reforma eléctrica para las exportaciones del sector cementero. Según esta organización, de implantarse la reforma tal y como está anunciada, el cemento español desaparecerá de la mayoría de mercados y, en consecuencia, sería un serio revés para el motor de la exportación que está colaborando a sacar a nuestro país de esta profunda crisis.

En definitiva, esta reforma energética añade más incertidumbre al futuro de nuestro sector industrial castigado por la crisis en la construcción, la crisis económica y la crisis financiera.

La dimensión de una tormenta se mide por los daños que causa cuando esta termina. La nuestra no ha hecho nada más que empezar.