La industria del prefabricado de hormigón se ha visto muy negativamente afectada por la caída de actividad de la economía española y la falta de inversión tanto pública como privada en obra civil y en edificación. Esta industria tan avanzada tecnológicamente y con aportaciones reconocidas a nivel mundial, se está descapitalizando y está teniendo que renunciar a trabajadores altamente cualificados y difícilmente reemplazables.
Las medidas de austeridad se han centrado en los recortes en formación bruta de capital fijo en construcción, perdiendo el paso de otras economías avanzadas que continúan afianzando su inversión en patrimonio social y en mejora de infraestructura competitiva de sus países. En otros lugares no olvidan que la construcción bien planificada es un importante motor de la economía que genera empleo y que revierte fiscalmente vía recaudación, incrementando los estándares de bienestar y competencia comparativa a escala internacional.
El verdadero daño que está sufriendo nuestra industria no es solo producto del parón en seco que ha sacudido la inversión, hay que añadir el peor de los males: la incertidumbre empresarial asociada al ataque directo al buen nombre sectorial y a la desconfianza sobre la integridad y honestidad industrial, empaquetando al conjunto de actores del sector construcción con la etiqueta del ladrillo y la especulación del suelo. Nada más lejos de una industria con una potente inversión en instalaciones fijas y en empleo estable, con oficinas técnicas reconocidas internacionalmente.
En España el sector financiero duda de los proyectos industriales ligados a la construcción, dificultando el acceso a recursos económicos cruciales en esta época de crisis. Se constata la desconfianza no solo bancaria, sino también aseguradora. Lo que en otros países como Francia, Estados Unidos, Canadá o Chile está funcionando con el apoyo del sector asegurador en sistemas de financiación a infraestructuras distintos al presupuestario o bancario, no es bien acogido en España. Estas no son buenas perspectivas para el desarrollo de inversión en capital fijo a largo plazo.
Además, la coyuntura de escasez de tesorería para las pequeñas y medianas empresas en el sur de Europa es tan relevante, que incluso otros Estados miembros de la Unión Europea han reconocido la necesidad de una actuación especial que palie los efectos destructivos que genera en las compañías. En España, con unos plazos de cobro en el sector construcción de 277 días, de ninguna manera recogidos en la legislación aplicable actualmente, pero a los que las pymes de la industria se enfrentan a diario sin amparo de autoridad alguna, está terminando de derribar lo que la falta de actividad no haya conseguido ya, finiquitando un sector español tecnológicamente avanzado que contribuye a una construcción industrializada segura y sostenible, que con otros planteamientos debería figurar como abanderado de nuestra capacidad técnica a nivel mundial.
Desde ANDECE se reclama apoyo decidido a la construcción bien planificada en España, reconociendo el valor de la ingeniería industrial y fabril en la que se fundamenta como generador de empleo de calidad y estable y como facilitador de la mejora del patrimonio social y de la competitividad internacional de un país.
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