Javier Andrada, presidente de la Federación de Áridos y de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA) ha defendido que el Plan de Pago a Proveedores incluya medidas para garantizar que el cobro de facturas pendientes alcance a toda la cadena de subcontratistas y proveedores, además de a los contratistas directos de la Administración, en el transcurso de la presentación del Plan por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la participación de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, celebrada el lunes 12 de marzo, en el Palacio de La Moncloa, y a la que asistieron 27 representantes empresariales de Pymes y autónomos.

En esta reunión, que se ha extendido durante unas tres horas, el presidente del Gobierno y su equipo económico han presentado las líneas maestras del Plan, concebido con el triple objetivo de resolver el problema grave de impagos a proveedores de bienes y servicios a las Administraciones Locales y Autonómicas, realizar una fuerte inyección de liquidez a la economía productiva, que supondrá un estímulo dinamizador de la actividad económica, en especial a las Pymes y autónomos, y resolver el problema de deudas de las Entidades Locales que impiden su normal funcionamiento.

El mecanismo se dirige a resolver el grave problema de impagos a los proveedores de las Entidades Locales y se extenderá, en sus líneas básicas, a los proveedores de Comunidades Autónomas, una vez que se cumplan los requerimientos jurídicos necesarios para su puesta en práctica.

Mariano Rajoy ha comenzado su intervención asegurando que "el Gobierno confía en nuestras empresas, en las grandes y también en pequeñas y medianas, que dan trabajo al 80% de trabajadores por cuenta ajena, y en los autónomos. Estamos desarrollando y vamos a continuar adoptando medidas para que los emprendedores puedan cumplir su función social".

Según ha explicado el presidente, "esta operación no tiene precedentes, pues hablamos de 35.000 millones de euros de deudas con proveedores". Ha añadido que espera que esta decisión "sirva de mensaje a los emprendedores de que aquí hay un Gobierno que se preocupa por ellos". En este sentido, ha anunciado la próxima aprobación de una ley de apoyo a los emprendedores.

El presidente ha recordado que el Gobierno está trabajando en cuatro tipos de instrumentos para lograr el objetivo de la recuperación económica y la creación de empleo: control del déficit, reformas estructurales, restructuración del sistema financiero y medidas concretas "como las que hoy nos convoca aquí, el pago a proveedores".

También se ha referido, además de a la citada ley de apoyo a los emprendedores, a que se hará un esfuerzo importante en materia de unidad de mercado, así como al desarrollo de una nueva ley de mutuas.

Tras las intervenciones oficiales, los representantes empresariales han dispuesto de un turno de comentarios y propuestas, durante el cual Javier Andrada ha contado con la oportunidad de poner de manifiesto la posición ya mencionada de la Federación de Áridos en relación con esta iniciativa, sobre la que también resaltó que “consideramos bienvenida la medida que, aunque tardía, es imprescindible para restablecer el adecuado funcionamiento económico de las empresas del país, especialmente de las Pymes, de forma que se pueda controlar y detener la destrucción del tejido empresarial y de los puestos de trabajo”, añadiendo que “el principal criterio a tener en cuenta es la antigüedad de las facturas pendientes y el cumplimiento de los plazos de pago de la Ley de lucha contra la morosidad”.

Posición de la Federación de Áridos sobre la iniciativa del Gobierno de pago a proveedores

En líneas generales, los planteamientos de la Federación de Áridos trasladados por Javier Andrada al Gobierno se resumen en:

1. Esta medida abre la perspectiva de recuperar la liquidez en el seno de las empresas, actualmente transferida a las Administraciones públicas, que han estado incumpliendo generalizadamente los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el sector de la construcción, los plazos de pago se encuentran en la actualidad en las proximidades de los 285 días, 195 días por encima de los 90 días establecidos en la citada Ley para 2012. De acuerdo con esas cifras, el 54% de volumen de negocio de los sectores está ilegalmente en manos de sus clientes, restando liquidez a las empresas y exponiéndolas a unos riesgos inaceptables e inasumibles.
2. En estas graves circunstancias de elevados plazos de pago, el principal criterio a tener en cuenta es la antigüedad de las facturas pendientes.
3. El pago por las Administraciones públicas al proveedor / contratista principal debe dotarse de un mecanismo que garantice que los subcontratistas y proveedores de éstos cobren dentro de los plazos marcados por la Ley 15/2010.
4. La acreditación del cumplimiento de esta Ley debe ser otro de los criterios para priorizar los pagos de las Administraciones públicas. Como ejemplo, debe exigirse a las empresas con deudas pendientes que aporten certificados de sus subcontratistas y proveedores de cada una de las obras afectadas, acreditando estar al corriente de los pagos y con las deudas saldadas.
5. Las empresas con facturas pendientes de cobro han cumplido con sus compromisos, suministrando –en plazo, precio, calidades y condiciones– los materiales objeto de las mismas. Además de abonar anticipadamente los impuestos de las facturas no cobradas,han debido financiar con sus propios medios esta situación de morosidad de las Administraciones. Por tal motivo, no resulta procedente que se pretenda conceder prioridad a las empresas que propongan una reducción en las cuantías adeudadas.
6. En el caso del sector de la construcción, y en otros muchos, los primeros contratistas tienen un tamaño de empresa superior al de sus subcontratistas y proveedores, lo que les permite negociar desde una posición de fuerza. Si se fomentara, desde el Gobierno y desde las Administraciones públicas morosas, este mecanismo de priorizar el pago a las empresas que acepten una reducción de las cantidades adeudadas, en buena lógica, con objeto de que el efecto de la quita fuera neutro para ellas, estas empresas transmitirán estas reducciones a su cadena de subcontratistas y proveedores. Estos, por su menor capacidad económica se verán inmersos en una todavía más difícil situación económica conformada, esencialmente, por un escenario inaceptable e inasumible de pagos aplazados en cerca de 285 días y una quita superpuesta que no se podrá repercutir a sus respectivos proveedores.
7. Por otro lado, el que se prioricen las quitas sobre el principal favorecerá a las Administraciones públicas que han estado incumpliendo con sus compromisos de pago frente a aquellas que sí que les han estado haciendo frente. Esta práctica puede originar un deterioro de la disciplina presupuestaria de las Administraciones públicas, incompatible con las obligaciones contraídas por el Estado Español.
8. También se considera imprescindible un sistema que permita a las empresas compensar el ingreso de los tributos correspondientes con las deudas contraídas por las Administraciones públicas.

“Solicitamos al Gobierno que adopte las medidas señaladas, ya que, desde el punto de vista del sector, es absolutamente imprescindible que fluya inmediatamente esa liquidez a toda la cadena de subcontratistas y proveedores, permitiendo aliviar la situación económica de las empresas y reducir su nivel de riesgo”, concluía Andrada en su intervención.

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