El pasado jueves, 16 de diciembre, la Comisión Europea propuso y los Estados Miembros aceptaron, los niveles de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión a las industrias en riesgo de deslocalización. Los dirigentes políticos habían manifestado que las instalaciones más eficientes de las industrias en riesgo de deslocalización obtendrían derechos gratuitos de emisión para el periodo 2013 – 2020 que compensasen, siquiera parcialmente, las desventajas de la Industria Europea frente a la de países terceros.

Esta medida se contemplaba en la Directiva Europea para compensar el riesgo de deslocalización de algunos sectores sometidos a la competencia internacional, a tenor de los ambiciosos objetivos unilaterales de reducción de gases de efecto invernadero (el 20% en el año 2020). La siderurgia, junto a otras industrias básicas, es una de las industrias a las que la Unión Europea reconoce el riesgo de deslocalización (“fuga de carbono” en la jerga de Bruselas).

Las empresas siderúrgicas, en colaboración con la Comisión, se han sometido a un riguroso proceso de escrutinio y de análisis comparativo (benchmarking) pero, sin embargo, los niveles aprobados son sustancialmente inferiores, incluso para el 10% más eficiente de nuestra Industria: ni una sola instalación europea podrá disponer del 100% de derechos de emisión.

UNESID considera que los niveles adoptados suponen una violación del espíritu de la Directiva, que conllevará importantes cargas unilaterales, exclusivamente para la industria europea y, a la postre, para los ciudadanos, a los que se les han ocultado los efectos perniciosos que van a tener estas decisiones políticas en su bienestar y en su futuro. Ningún otro país en el mundo está adoptando las pautas de la política europea.

Adicionalmente a la escasez de derechos de emisión y su coste, la siderurgia española se enfrenta a la posibilidad de una escalada de los precios energéticos, como consecuencia directa de la aplicación de la Directiva.

Las medidas adoptadas parecen indicar que, contrariamente a las manifestaciones públicas de los políticos, no se quiere tener una industria sólida, competitiva y comprometida con el medio ambiente. El efecto de sustituir la producción europea por la de algunos países terceros será demoledor para el cambio climático. Estas medidas hacen prácticamente imposibles los aumentos futuros de capacidad y, por tanto, de creación de empleo.

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