Tras cumplirse los primeros 100 días de la aplicación de la reforma de la Ley contra la Morosidad, CEPCO, quiere dejar claro que las administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo de su cumplimento, lo que hasta ahora no está sucediendo. CEPCO considera que es una reforma estructural para la economía de España, clara, precisa, contundente y lo que tenemos que confirmar es si es eficaz y en qué grado. 

El presidente de CEPCO, Rafael Fernández, aseguró en rueda de prensa que “en este periodo hemos podido contrastar que el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Barcelona están cumpliendo con los plazos fijados en la nueva Ley mientras que el Ayuntamiento de Madrid y las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia tienen tarjeta roja en este tema”. Asimismo CEPCO trasladó que sus asociados aplauden el acatamiento de la Ley que hacen empresas como Dragados y Ditrasa a la vez que denuncian planteamientos para incumplirla por parte de algunas constructoras como Ferrovial y Befesa. 

Fernández insistió en que la situación del sector sigue siendo mala y que aún no se ha tocado fondo por lo que resulta imprescindible el cumplimiento de los plazos de pago por parte de administración y empresas para no estrangular aún más una industria tan deteriorada. Anunció además que “ante cualquier intento de nueva modificación legislativa en cuestión de plazos de pago, CEPCO hará valer los 21 votos electorales con los que la industria de materiales de construcción cuenta en la Asamblea General de la CEOE”. 

En otro orden de asuntos, el director general de CEPCO, Luis Rodulfo, comentó que “la dilución del Ministerio de Vivienda en el de Fomento no debe significar, en ningún caso, pérdida del impulso por el cumplimiento y el rigor normativo en todo cuanto signifique calidad y seguridad de la construcción, así como respeto al medio ambiente y la sostenibilidad”.