A continuación reproducimos la noticia publicada en la revista digital inmobiliaria "Spanish Real State" el pasado 23 de Septiembre en la que se recogen declaraciones del Presidente de CEPCO sobre la situación actual del mercado inmobiliario y del recorte de las ayudas estatales a la VPO.

Los expertos inmobiliarios ya habían vaticinado que se venderán más casas en el último trimestre porque en 2011 el Gobierno prevé eliminar la desgravación fiscal por compra para rentas superiores a 24.000 euros. Ayer, el presidente de la patronal de las promotoras (APCE), José Manuel Galindo, dio una estimación sobre lo que les puede reportar el tirón: vender entre 275.000 y 300.000 inmuebles al cierre del año, lo que supone un 30 por ciento en comparación con las 231.859 casas de 2009.

La patronal de las constructoras, la CNC, organizó ayer una rueda de prensa con la APCE y la patronal de materiales de construcción (CEPCO) no para hablar de las previsiones del mercado sino para arremeter contra los recortes de las ayudas que impondrá el Ministerio de Vivienda en un decreto. El principal cambio que afecta a los particulares es que se suprime la ayuda estatal directa a la entrada (Aede), que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros, según las condiciones socioeconómicas de los solicitantes. Pero también se recortan varias subvenciones a los promotores.

Juan Lazcano, presidente de la CNC y uno de los vicepresidentes de la CEOE, argumentó que "no sólo no se recorta déficit sino que se dejan de ingresar impuestos y se destruyen empleos". Quitar esa ayuda "desincentiva la demanda" y "también hará bajar la oferta", aseguró. "Yo no sé a qué gente o a qué cabezas despiojadas se les ocurren estas cosas", señaló Lazcano para mostrar su indignación. Según la estimación de la CEOE, por cada vivienda protegida de 100.000 euros que se dejara de construir, la Administración se ahorraría "en el mejor de los casos" 10.200 euros, pero dejaría de ingresar 59.373 euros, con lo que el balance es que las arcas públicas perderían unos 49.000 euros. Sin embargo, en la estimación de los impuestos que la Administración deja de recaudar la patronal incluye desde impuestos municipales (no estatales) hasta las cotizaciones sociales de los 2,4 empleos que se crean por casa construida, además de prestaciones por desempleo e incluso el impuesto de sociedades.

A juicio de la CEOE, la medida de Vivienda de obligar a la banca a que preste el 90 por ciento del precio de las VPO a los compradores "es absolutamente imposible de cumplir porque los bancos no dan más del 80 por ciento". Hoy se acaba el plazo para presentar las alegaciones al decreto del departamento de Beatriz Corredor. Algunas autonomías intentarán paliar el recorte.

Puede descargarse el original de la noticia en el siguiente enlace:
http://www.realestatepress.es/MostrarNoticia.asp?M=0&Id=13445