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Aprobada la reforma de la Ley de Morosidad
23/03/10

Coincidiendo con la votación de la nueva Ley contra la Morosidad en el Congreso de los Diputados, el presidente de CEPCO, Rafael Fernández ha reclamado, en un desayuno con la prensa, el establecimiento de unos plazos máximos de pago entre las empresas, y no sólo la exigencia del pago en tiempo y forma a las administraciones. En la actualidad, los plazos medio de pago se sitúan en torno a los 240 días, y eso en palabras de Fernández “se traduce en 35.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, 2/3 de la producción anual de nuestras empresas”. Fernández confía en que la nueva ley “ayude a paliar los efectos de la morosidad, y de esta manera dejen de morir empresas, lo que revertirá en la reactivación de la economía”. 

El representante de los productores de materiales de construcción habló asimismo de algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo para combatir la crisis. De este modo, desde CEPCO apoyan que el ICO deje de ser un intermediario para convertirse en una entidad que financie directamente a las empresas, aunque pide que se amplíe el límite de los créditos para pymes y autónomos. 

Por otro lado, los directivos de CEPCO han avanzado que están trabajando conjuntamente en la CNC con AERCO, ANCI y SEOPAN para que la nueva ley contemple como medida transitoria la posibilidad de que el contratista principal pueda pagar más allá del plazo legal gracias a un sistema de gestión de pagos con confirming irrevocable, avalado por un banco y asumiendo el constructor el coste financiero por el exceso sobre los 60 días legales. Del mismo modo, y debido a que el sector de la  construcción sigue cayendo en el 2010 (mas de un 20% los dos primeros meses), CEPCO, CEOE y  CNC presentarán al Gobierno una propuesta de impulso de la rehabilitación y de este modo propiciar la eliminación de la economía sumergida en este segmento.  

Acuerdo en el Congreso de los diputados

Paralelamente a este desayuno con la prensa, a ultima hora de la mañana se producía la aprobación de la Proposición de Ley presentada por CiU para la modificación de la Ley 3/2004, que va a permitir a las empresas cobrar en menor plazo, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas.

según esta proposición de Ley, las empresas tendrán que pagar a 60 días y las empresas públicas a 30 días a partir de 2013, estos objetivos se alcanzarán de forma escalonada en los próximos tres años. El acuerdo aprobado fija un periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo, que se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.

En el caso de las empresas privadas el período transitorio también se extiende hasta 2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector público.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado hoy en el Congreso destaca la declaración como nula de todas las cláusulas de los contratas que contravengan lo dispuesto en la ley o sean considerada como "abusivas". Asimismo, se articulará un nuevo procedimiento judicial de reclamación en el caso de las administraciones públicas.

Industria Sostenible

En el capítulo de la sostenibilidad la industria de los materiales de construcción sigue haciendo esfuerzos para minimizar su impacto medioambiental y reducir las emisiones de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Kioto.” Pero sin duda, -afirma Rafael Fernández- resulta coherente exigir, en la medida en que nosotros trabajamos en este empeño, algún tipo de presión arancelaria a aquellos materiales procedentes de mercados en los que la legislación medioambiental es más laxa”. Según Fernández, “los productos procedentes de países con  menos requisitos medioambientales y sociales para sus trabajadores nos sitúan en una tremenda desventaja competitiva".

Internacionalización de materiales de Construcción

El director general de CEPCO, Luis Rodulfo, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas para materializar el plan de internacionalización de materiales de construcción que está permitiendo a las empresas del sector beneficiarse de la infraestructura de los organismos oficiales dedicados a la exportación para buscar oportunidades en otros países. Gracias a la participación en misiones empresariales o ferias y a la utilización de herramientas de promoción se pretenden colocar los excedentes acumulados tras el desplome del mercado residencial en nuestro país.

Incremento del IVA

Finalmente, los directivos de CEPCO han querido aprovechar este encuentro con los medios para posicionarse en relación a la subida de lVA y han afirmado que “se trata de una medida inevitable para alcanzar el objetivo de déficit del 3% sin que se resienta demasiado la inversión pública. Es más, matizan, nos parece más oportuno un debate sobre el IVA reducido y las desgravaciones fiscales para la rehabilitación y de este modo combatir a la economía sumergida que el que está teniendo lugar en estos momentos”.

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