Pretende regular la implantación de la economía circular desde una perspectiva transversal, que permita que este nuevo modelo de producción y consumo se integre en todos los ámbitos de la vida social y económica de la región.

Plantea un modelo desde la colaboración público-privada para trasladar los principios de la economía circular al sistema productivo de la región en aras de potenciar un modelo económico más eficiente, más competitivo y generador de empleo sostenible y de calidad.

Está en consonancia con la regulación de la UE y alineado con el I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 aprobado por el Gobierno de España y con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular

Incluye las condiciones ambientales en la contratación pública, así como las medidas para el impulso empresarial, emprendimiento e inversión.

Deroga la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, y referencia la gestión circular de los residuos; los subproductos, el fin de condición de residuo y la responsabilidad ampliada del productor, además de su aplicación en los suelos contaminados.