El informe analiza los efectos sobre el mercado interior y sobre la utilización de la facturación electrónica en la Unión Europea de la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. 

La Directiva relativa a la facturación electrónica en la contratación pública tenía por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de las normas en materia de facturación electrónica en el sector público de la Unión Europea, así como reducir los obstáculos en la contratación pública transfronteriza causados por una interoperabilidad insuficiente entre los requisitos legales y los sistemas de facturación electrónica de cada país.

Además, la Directiva también tenía por objeto garantizar una adopción armonizada y generalizada de la facturación electrónica utilizando una norma común, la norma europea de facturación electrónica, que era fundamental para alcanzar los objetivos de la Directiva.

La Comisión ha llevado a cabo actividades de recopilación de datos y consulta con diferentes categorías de partes interesadas. También ha encargado un estudio externo para analizar la aplicación de la Directiva y evaluar su funcionamiento. Sobre la base de estas actividades, la evaluación de la Directiva se llevó a cabo en 2023. Se recogieron y analizaron datos procedentes de fuentes secundarias; por ejemplo, datos estadísticos, documentos legislativos, informes y estudios.

La investigación sobre el terreno incluyó una convocatoria de datos y actividades de consulta específicas en forma de encuestas y entrevistas con diferentes grupos de partes interesadas, incluidas las autoridades nacionales, las pequeñas y medianas empresas (pymes), las grandes empresas, los proveedores de servicios y soluciones de facturación electrónica, los proveedores en el ámbito de la planificación de recursos empresariales y las principales asociaciones profesionales activas en este sector, como OpenPeppol y la Global Exchange Network Association, la anterior Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Facturación Electrónica. También se desarrollaron y utilizaron como fuentes de información estudios de casos que abarcaban los países incluidos en la muestra.

Esta revisión está en consonancia con el artículo 12 de la Directiva, que exige a la Comisión que examine sus efectos sobre el mercado interior y sobre la utilización de la facturación electrónica en la contratación pública en el plazo de tres años a partir de la fecha límite para la transposición por parte de las autoridades subcentrales, fijado en abril de 2020.

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