La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) pide que la Ley de Morosidad incorpore un régimen sancionador para erradicar un problema crónico del sector del hormigón, que se ha visto incrementado al ampliarse considerablemente los plazos de pago por los altos tipos de interés, la inestabilidad económica y el bajo ritmo de las obras. Esta situación está afectando a la salud financiera de las empresas en particular, y a la propia dinámica del sector en general. Los numerosos intentos por aprobar un procedimiento de sanciones han sido bloqueados, una y otra vez, a lo largo del trámite parlamentario.
 
Los fabricantes de hormigón denuncian que esta situación está limitando la capacidad de las empresas para invertir y expandirse con la consecuente incertidumbre que está generando en el mercado de la construcción. Para el director general de ANEFHOP, Carlos Peraita, “es fundamental que los gobiernos se impliquen de verdad para resolver de una vez por todas este problema. Ni siquiera la jurisprudencia está jugando a nuestro favor. Esperemos que Europa tome medidas firmes que nos empujen a cambiar algo que, por nosotros mismos, somos incapaces de realizar”.
 
Peraita explica que “desde Europa se está presionando para que se erradique definitivamente esta malformación del nuestro sistema financiero, pero han chocado con un muro. Esta situación es específica de España, y empresas que aquí alargan sus plazos de pago, en el resto de países en los que operan, aplican la ley y pagan en plazos muchísimo más reducidos”.
 
Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en el año 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una promesa firme sobre este tema. Próximamente, se presentará la propuesta de revisión de la Directiva 2011/7 sobre lucha contra la morosidad que implementará cambios estructurales en aquellos estados miembros más afectados por este problema entre los que se encuentran, además de España, Italia, Bélgica y Grecia. Precisamente, el próximo 3 de julio está previsto que se debata este asunto en el seno de la propia Comisión.
 
En materia de riesgo comercial, el sector del hormigón se caracteriza por entregar prácticamente la totalidad de material al comienzo de la obra y de forma muy rápida. Por tanto, según explica Carlos Peraita “este riesgo se acumula muy rápidamente, y puede superar lo que los seguros llegan a cubrir. Los plazos largos de pago hacen que este riesgo no baje, y todo lo que se sigue suministrando suele quedar fuera de la cobertura. Además, en caso de haber un impago, no hay forma de detectarlo hasta pasados los 240 días en algunos casos. Es una indefensión total”.
 
De nada sirvió que ANEFHOP ganara la demanda a una de las empresas del Grupo Cobra. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Cobra Instalaciones y Servicios a eliminar de sus contratos o pedidos de suministro de hormigón las condiciones relativas al plazo de pago a proveedores, que superaba el plazo máximo legal de 60 días naturales. “A día de hoy, pese al apoyo de los jueces en esta sentencia, la situación no solo no ha mejorado, sino que, a juicio de los propios empresarios, ha empeorado”, asegura el director general de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

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