A pesar de que los niveles de actividad no estaban siendo malos hasta el momento, estamos sufriendo una situación nunca antes vivida en España. Las tensiones en los precios de la energía, entre otros factores, están provocando que los costes de nuestras materias primas se incrementen de una forma espectacular. La posibilidad de incorporar estos incrementos de costes a las cuentas de resultados, sin repercutir a los clientes, no parece posible debido a la magnitud de los mismos. Y surge la preocupación de cómo hacerlo, cuando los contratos de suministro a obra están firmados en muchos casos sin la posibilidad de revisión de precios. Muchas empresas están atrapadas en contratos que, para cumplirlos, les obligarían a entrar en pérdidas importantísimas. La situación actual, por todo ello, es de extrema gravedad para el sector.

En esta línea de preocupación, el día 1 de marzo de 2022 se ha aprobado el RDL 3/2022 de Medidas Excepcionales para la revisión de precios de la obra pública. Este RDL viene a reconocer a las empresas contratistas, en parte, los incrementos de los costes de la obra en 2021, para evitar así una segura paralización de la mayoría de ellas con el colapso consiguiente. Sin duda que deberá haber un RDL similar para el 2022 para poder ajustar los presupuestos iniciales a los costes reales. El 20% de límite marcado en el RDL puede incluso quedarse corto. Además, sería necesario un mecanismo automático de actualización de los incrementos para los suministradores de los subcontratistas. 

Los principales costes en el hormigón afectados por esta situación vienen por el precio del cemento, de los áridos, de los aditivos, el transporte de estas materias primas, de la energía eléctrica empleada en las plantas y del combustible de los camiones hormigonera y palas cargadoras de planta. Todos ellos con incrementos importantes.

El cemento y el árido representan el coste principal, que suponen entre un 50-60% del coste de producción total. El cemento tiene un componente energético enorme en su fabricación. La demanda de energía eléctrica por parte de las fábricas se ha visto afectada por los incrementos de precio del megavatio, que en 2021 han llegado a los 383,67 €/MVh, y en el momento de escribir la nota se anuncian valores superiores a los 700. El precio del gas, la escasez, y la amenaza de corte de suministro por parte de Rusia están llevando a esta tensión de precios que no se sabe dónde acabará. A eso hay que unir el incremento del precio de los derechos de CO2, con gran impacto en la producción de electricidad y de cemento. Mientras que en 2021 no hubo una gran traslación directa del coste de cemento a los clientes (según tablas del MITMA), el año 2022 se ha iniciado con nuevos precios. Tanto el cemento como el árido, además añaden los incrementos de coste que se han producido por el aumento del gasoil para el transporte.

A estos costes hay que añadir los propios de la fabricación y venta, como son el coste energético de la planta y el gasoil de los camiones hormigonera y palas, que también han sufrido incrementos importantes. 

Con los costes incrementados, más la situación que se avecina de nuevas subidas, nos encontramos con los siguientes problemas:

• Contratos firmados de obras con compromisos de volumen y precio prefijados. Estos contratos, en general, no contemplan revisiones de precios. En la actualidad mantener el suministro en la mayoría de ellos es completamente inasumible y suicida. La situación en el momento de la contratación y la actual difieren sustancialmente en las condiciones esenciales. 
• En la situación actual, se constata la dificultad en plantear un contrato en el que haya cláusula de revisión de precio para adaptarlo a las circunstancias de mercado, lo que en este contexto resulta totalmente necesario. Se echa en falta un índice estadístico de precios que permita referenciar de forma clara, objetiva y efectiva, sin necesidad de justificación propia del interesado. 
• El entorno actual, tan negativo en perspectiva de costes como a su vez tan lleno de incertidumbre, hace que sea casi imposible que cada productor estime un precio de oferta confiable. La incertidumbre le impide ajustar sus cálculos de forma clara pues cualquier previsión puede quedarse corta con facilidad, lo que parece conducir de nuevo a la necesidad de cláusulas de revisión efectivas. 

La situación es tan grave que patronales de sectores próximos como la construcción o el metal están lanzando el mensaje público de que deben revisarse los precios de los contratos de obra pública.

Uniendo las circunstancias que rodean las MMPP a las ataduras de los contratos actuales, lo cierto es que a día de hoy se están suministrando obras que generan importantes pérdidas, en tanto en cuanto no se ajusten las condiciones contratadas inicialmente. De no resolverse esta situación, en poco tiempo podríamos ver caer al sector, dejando grandes pérdidas, y con la consecuente paralización de obras, pérdidas de empleo y daños colaterales en servicios asociados. El sector mueve en la actualidad más de 1.550 plantas de hormigón, más de 1.500 MM de euros de facturación, y alrededor de 15.000 empleos directos que pueden verse afectados muy pronto por esta situación. 

De no ver una pronta solución a este gran problema, el sector se podría ver abocado a parar su actividad.

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