A continuación reproducimos el artículo de D. Luis Rodulfo Zabala, Director General de CEPCO, que con el mismo título ha sido publicado en el periódico de economía CincoDías, en el día de hoy

Las leyes surgen por la necesidad de regular intereses no coincidentes. Éste es el caso claro de la ley contra morosidad en operaciones comerciales, o de plazos de pago: unos quieren pagar lo más tarde posible y otros desean cobrar lo antes que se pueda. Como ha comentado el director del Centro de Estudios de Morosología en estas mismas páginas, Pere J. Brachfield, más de 1,5 millones de empresas españolas están detrás de esta divergencia de intereses.

CEPCO, que representa a la industria de los productos de construcción, con 25.000 empresas, 500.000 empleos fijos directos y una repercusión del 5,6% en el PIB español (aproximadamente la mitad del sector de construcción) lleva 11 años recorriendo un largo y curioso camino para reclamar que los plazos de pago se ajusten a razón. Largo, porque se emprendió hace mucho para conseguir la Directiva 2000/35/CE, y se sigue en la actualidad para conseguir la ley que la transponga, hecho éste que debió ocurrir en agosto de 2002, y que el Gobierno anterior no quiso o no pudo resolver, pese a la promesa formal que, en su día, nos hiciera el entonces ministro Michavila.

Y curioso este camino porque, mientras reclamábamos plazos más cortos, éstos crecían hasta situarse hoy en un plazo medio de 204 días en nuestro sector. Y porque todos aquellos a quienes explicamos el punto de vista que entendemos justo nos daban la razón, pero que seguimos como siempre, o incluso peor.

En cifras, la UE estima en 450.000 los empleos perdidos anualmente por este motivo, que es la causa de una de cada cuatro quiebras que se producen. Sólo en nuestro sector y en España, hablamos de una deuda acumulada de 8.500 millones de euros desde 1992.

Pero al margen de las cifras, creo que es fácil de entender que no hay derecho a que después de acumular materiales, fabricar los productos, asumir su coste y su riesgo de venta, alguien te los quiera pagar a 200 días. Ni ustedes ni yo querríamos cobrar nuestro sueldo más allá de cuando es justo y razonable; ni ustedes ni yo dejamos de pagar en caja la comida que pretendemos llevarnos a casa; prueben ustedes a intentar ocupar un piso (fabricado con nuestros materiales por cierto) y digan que además no pagan hasta 210 días después de la ocupación… y a ver qué les pasa.

En consecuencia, agradeciendo la atención y apoyo que nos prestaron todos los grupos parlamentarios en la anterior legislatura, fue especialmente grato el apoyo, a través de enmiendas parlamentarias, del portavoz del PSOE, Joaquín Sánchez Garrido, y del portavoz de ERC, Joan Puigcercós. Igualmente grato fue que el señor Puigcercós reclamara especialmente una solución a este tema, en su primera intervención del debate de investidura del señor Rodríguez Zapatero.

Y, sin ser sorpresa porque había sido la línea de su grupo hasta ese momento, resultó esperanzador el compromiso del hoy presidente del Gobierno para acabar con un mal que afecta a los derechos individuales de muchos y a los efectos globales de nuestra economía nacional.

A partir de ahí, hemos mantenido con este Gobierno, al igual que con el anterior y con todos los grupos parlamentarios, la posición de reclamar lo que es esencialmente justo, pero sin radicalismos que dificulten un consenso razonable. Sabemos que contamos con la comprensión de los ministerios afectados (Industria, Justicia y Economía) y de muchos parlamentarios.

Pero tampoco se nos oculta que, detrás de lo que es justo, hay una repercusión económica formidable, que puede llevar a caer en la tentación de hacer lo necesario pero no lo suficiente.

De ahí que el presidente del Gobierno ha de tomar conciencia de que ésta es una cuestión política de envergadura, que requiere una respuesta del Ejecutivo en consonancia. Necesitamos que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se modifique ajustándose a la Ley contra morosidad; necesitamos legitimación plena de las organizaciones empresariales para poder defender a un suministrador de 600.000 euros de facturación anual, frente a su cliente, un monstruo de sonrisa diplomática y 12.000 millones de euros de facturación, y necesitamos que los usos habituales del comercio dejen de ser los abusos habituales para que, nunca más, un comisario europeo dude de nuestra cordura cuando le presentemos las cifras reales de España.

Sin duda es una encrucijada seria para el Gobierno, y deseamos que cuenten con nosotros para buscar la mejor solución posible, pero el compromiso del presidente es resolverla y éste es el momento de hacerlo.