La Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) y la Federación de Áridos (FdA) presentan su campaña anual contra los productos de construcción ilegales con la que instan a promotores y titulares de obra a elegir productos de construcción e instalaciones industriales legales “para reducir la competencia desleal, la instalación de centrales que no disponen de los correspondientes permisos y las que no cumplen con los requisitos legales actualmente en vigor”, explica Carlos Peraita, director general de Anefhop.

La campaña pretende concienciar sobre la necesidad de utilizar productos de construcción que cumplan con los requisitos legales que les sean aplicables y que se suministren desde instalaciones industriales legales. Del mismo modo, pretende persuadir a compradores de inmuebles o que contraten obras de que exijan a sus constructoras, contratistas o promotores materiales que acrediten su cumplimiento legal a través de la documentación obligatoria.

“Las instalaciones de hormigón acreditadas por el RD 163/2019 o certificadas con el sello Hormigón Expert y los áridos con marcado CE son la única garantía del cumplimiento de las exigencias legales", apunta Peraita, quien también detalla los principales riesgos de construir fuera de la legalidad para profesionales y público general:

• Poner en peligro la salud de los titulares y de sus usuarios. Los productos de construcción ilegales no tienen garantías de que no emitan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud humana, por lo que representan una amenaza potencial para los titulares y los usuarios. 
• Arriesgar la seguridad de la obra y de sus usuarios. El incumplimiento de la legislación y el uso de productos carentes de certificación oficial compromete la seguridad de las infraestructuras en términos de durabilidad y frente a accidentes (incendios, accidentes por pavimentos en mal estado…) o catástrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc). 
• Perjudicar la calidad de la obra. Los productos de construcción e instalaciones industriales que no cumplen con el Reglamento de Productos de Construcción (305/2011) y la Instrucción Técnica EHE 08 y el Real Decreto 163/2019 del control de producción de los hormigones fabricados en central, respectivamente, carecen de todo control técnico y no acreditan el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos. “Esto altera la calidad de los materiales y de la obra donde se emplean, cometiéndose un fraude a los titulares”, añade Peraita. 
• Aumentar el gasto en mantenimiento. “Una obra de baja calidad reduce significativamente la durabilidad de la infraestructura, aumentando los gastos de mantenimiento en el futuro”, expone el directivo de Anefhop. A lo que añade que “también tendrá un mayor gasto energético”. 
• Destrucción de empresas y empleos. El uso de productos y suministros ilegales genera, directa e indirectamente, el cierre de empresas de productos de construcción, que se ven perjudicadas por la competencia desleal, con la consiguiente disminución de puestos de trabajo. 
• Renunciar a los derechos como consumidor y a los de los titulares de la obra. Un producto ilegal no tiene los elementos de información obligatorios sobre uso, prestaciones y propiedades, por lo que no ofrece garantía alguna de devolución o restitución en el probable caso de resultar defectuoso. 

Esta campaña se apoya en un díptico "No use productos de construcción ilegales  o se suministren desde una instalación industrial ilegal" para que sea distribuido entre empresas productoras de áridos y de hormigón, clientes, usuarios, administraciones y público en general. El díptico busca fundamentalmente concienciar sobre la necesidad de utilizar productos de construcción que cumplan con los requisitos legales que les sean aplicables y que se suministren desde instalaciones industriales legales, y para que aquellos que adquieren edificios o contraten obras exijan a sus constructores, contratistas o promotores, materiales que acrediten su cumplimiento legal a través de la documentación obligatoria. 

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado y la Federación de Áridos consideran fundamental que promotores y titulares de una obra exijan al constructor productos de construcción legales y suministros desde instalaciones industriales acordes a la legalidad. Asimismo, piden a la Administración Pública que “realicen más controles y actuaciones sobre las instalaciones ilegales que a fin de garantizar la calidad y seguridad de las infraestructuras”, defiende Peraita.